María Luisa Mendonça
Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo avances significativos en relación a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, con la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de pactos y protocolos internacionales en defensa de esos derechos. A pesar de eso, continuamos presenciando serias violaciones, como en el caso de las dictaduras militares en América Latina. Incluso después del período de democratización en los países latinoamericanos, constatamos la permanencia de todo tipo de violaciones a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Esas violaciones tienen origen en el proceso de colonización de nuestros pueblos, y se mantienen hasta hoy a través de las desigualdades económicas y, cuando necesario, de la intervención militar.
Las políticas neoliberales implementadas en los países del Hemisferio Sur han generado desempleo, exclusión social y violencia. Hoy, 36% de los latinoamericanos, o 220 millones de personas, viven abajo del nivel de la pobreza. La política de intereses altos y salarios congelados profundiza la desigualdad social. En Brasil, el 50% de la población más pobre tiene el 14% de la renta y el 1% de los más ricos posee el 13% de la renta del país. Se estima que 32 millones de personas pasan hambre y 300 mil niños mueren de desnutrición por año en Brasil.
Actualmente, una de las principales preocupaciones de los movimientos sociales latinoamericanos es la lucha contra el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). Ese acuerdo comercial es un proyecto estratégico para el gobierno estadounidense, que pretende ganar acceso a un enorme mercado. Las principales críticas al ALCA se refieren justamente al poder de dominación de los Estados Unidos en América Latina, comenzando por su Producto Interno Bruto (PIB), que representa el 71% de todo el continente. Además de la dimensión económica, las disparidades entre Estados Unidos y los países latinoamericanos engloban las escalas de producción, las diferencias tecnológicas, de infraestructura y el poder militar.
Los efectos del ALCA pueden ser proyectados si imaginamos la profundización del modelo neoliberal, de la dependencia del crédito externo, del endeudamiento, de la especulación cambiaria, de la quiebra de la industria nacional, de las pérdidas en la balanza comercial y, consecuentemente, de la exclusión social. En verdad, acuerdos comerciales como el ALCA y el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) hieren diversos Pactos y Convenciones internacionales de derechos humanos, referentes, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores, de los niños y de los pueblos indígenas.
Después del período de las dictaduras militares en América Latina, el concepto de derechos humanos pasó a incluir derechos económicos, sociales y culturales. Las actuales Constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos contienen principios que subordinan actividades económicas privadas a los derechos sociales. Además de eso, muchos de los países ratificaron el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Sin embargo, la realidad de los pueblos latinoamericanos es muy diferente. El deterioro económico ha generado mayor represión a los movimientos sociales. En Brasil, esa represión ha alcanzado principalmente al movimiento indígena, a los trabajadores del sector público, a los estudiantes y a los campesinos -en particular al Movimiento Sin Tierra (MST).
Los trabajadores sin tierra han sido blanco de diferentes formas de represión, como prisiones arbitrarias, amenazas de muerte y asesinatos. La Comisión Pastoral de la Tierra documentó 23 casos de asesinatos de trabajadores rurales, de enero a septiembre de 2001. Además de eso, se registraron ocho asesinatos en el Sur del estado de Pará, de septiembre a noviembre. De abril a julio, 126 agricultores sufrieron prisiones arbitrarias -el mayor promedio histórico.
Los conflictos de tierra también son comunes en territorios indígenas. De acuerdo con el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), hasta el 31 de julio de 2001, 442 áreas indígenas permanecían sin demarcación. De enero a septiembre de 2001, el CIMI registró nueve casos de asesinatos de indígenas en el país, de los cuales por lo menos tres fueron atribuidos a policías militares.
La actual crisis energética, causada por la privatización del sector, agravó los conflictos en áreas indígenas. El año pasado, el gobierno brasileño aprobó la Medida Provisoria 2147, que establece un plazo de apenas seis meses para la autorización de la construcción de represas. La mayoría de esos proyectos está localizada en la región amazónica y cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Solamente en el río Xingu está prevista la construcción de seis represas, inclusive en territorios indígenas. Una de ellas, la Belo Monte, puede llegar a ser la segunda mayor represa del mundo. Además de eso, existen 14 obras previstas en los ríos Tocantins y Araguaia.
La remoción forzada amenaza también comunidades rurales de los quilombos en Alcântara, en el estado de Maranhão, como consecuencia de la instalación de una base de lanzamiento de cohetes. Organizaciones locales, como el Sindicato de Trabajadores rurales de Alcântara, el centro de Cultura Negra de Maranhão y la Sociedad Maranhense de Derechos Humanos alertan sobre la destrucción del territorio étnico de Alcântara, en caso de que el gobierno brasileño establezca un acuerdo de utilización de la base por el gobierno de los Estados Unidos. Ese acuerdo prevé el desplazamiento de decenas de poblados remanentes de quilombos. La ocupación de la base de Alcântara hace parte de la estrategia de militarización impuesta por los Estados Unidos en América Latina, a través del Plan Colombia.
La implementación del Plan Colombia, con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, fue justificada por el gobierno y por el Congreso de los Estados Unidos como una forma de combatir el narcotráfico. Pero el presidente George W. Bush y sus representantes ya hablaban abiertamente de la necesidad de combatir la guerrilla y el terrorismo. Ese discurso estimuló el fin del proceso de paz y, a partir del día 20 de febrero, el ejército colombiano pasó a bombardear la zona controlada por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Con esa ofensiva, el gobierno colombiano llevó a la guerrilla a actuar en otras áreas del país. Al mismo tiempo, la suspensión de las negociaciones de paz abrió camino para la intensificación de las acciones de grupos paramilitares, que han sido responsables de cerca del 80% de las masacres y asesinatos contra civiles. Solamente el año pasado se registraron más de 400 masacres en Colombia. Durante la última década, fueron asesinados cerca de 3.100 líderes sindicales y más de 2.400 representantes de organizaciones campesinas.
El Plan Colombia ha causado el aumento de la represión contra trabajadores rurales y urbanos y contra organizaciones de derechos humanos, además de la creciente destrucción de la selva amazónica y de la migración masiva de la población campesina e indígena. Hoy, el número de refugiados internos en Colombia llega a aproximadamente dos millones de personas.
El aparato militar patrocinado por el Plan Colombia facilita la implementación de megaproyectos hidroeléctricos, petrolíferos y de minería, causando la destrucción de la selva y de comunidades indígenas. Además de eso, más de un millón de hectáreas de la selva colombiana ya fueron contaminadas por agentes químicos, bajo el pretexto de combatir el cultivo de coca. Esa contaminación también ha llegado a países vecinos, con serias consecuencias para toda la región.
Otros aspectos del diagnóstico sobre violaciones de los derechos humanos se refieren a la masificación de la cultura y a la diseminación del llamado "pensamiento único", según el cual no existen alternativas para el modelo económico neoliberal. Por esa razón, uno de los principales desafíos de los movimientos sociales es la construcción de alternativas y de espacios de participación popular.
El neoliberalismo creó nuevas instituciones violadoras de los derechos humanos. Por lo tanto, la articulación de las luchas a nivel internacional es fundamental en el combate a la opresión y a la desigualdad. Es en ese sentido, que diversas redes internacionales presentes en el Foro Social Mundial establecieron algunos principios básicos, como la defensa de la autodeterminación de los pueblos; la lucha contra el terrorismo económico y la dominación de organizaciones financieras internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, y la cancelación de la deuda externa.
A pesar del fin de las dictaduras militares en América Latina, muchas organizaciones entienden que la verdadera democracia no es solamente el derecho al voto. Es preciso rescatar los valores universales de la primacía de los derechos humanos y de la dignidad. En una sociedad democrática, es preciso universalizar el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, y a todos los elementos necesarios para la construcción del futuro. Los movimientos sociales deben ser protagonistas y constructores de su propia historia.
· María Luisa Mendonça, periodista brasileña, es directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos y miembro del Comité Organizador del Foro Social Mundial.