7. Guatemala
Foto: Claudio Ronchini
Población:
11.4 millones de personas (2000)
Extensión territorial: 108,889 Km2
Forma de gobierno: república presidencial
La población rural de Guatemala sufre uno de los más
injustos sistemas de concentración de tierras del mundo.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos, en el año1998, el 0.15% de los productores
tenían el 70% de las tierras arables produciendo para
exportación, en cuanto que el 96% de los productores
ocupaban apenas el 20% de las tierras. El noventa por ciento
de los habitantes del campo viven en la pobreza y más
de 500 mil familias están por debajo del nivel de subsistencia.
Al mismo tiempo, el país tiene una de las poblaciones
rurales históricamente más estables de América
Latina, abarcando 69% del total. Más del 50% de los
trabajadores se encuentran relacionados con la agricultura.
Las tierras de cultivo en Guatemala se han concentrado cada
vez más. Entre 1964 y 1979, el número de unidades
agrícolas con menos de 3.5 hectáreas se duplicó.
El tamaño promedio de aquellas menores a siete hectáreas
cayó de 2.4 a 1.8 hectáreas en el período
de 1950-1979. De acuerdo con el Censo Agrícola de 1979,
88% de las propiedades tenían una área menor
a las siete hectáreas necesarias para la subsistencia
de las familias, poseyendo 6% de las tierras arables. En cuanto
esto, poco más del 2% de las fincas mantenían
el 65% de las tierras arables.
La
Coordinación Nacional de Indígenas y Campesinos
(CONIC) calcula que de los 10.8 millones de hectáreas
de tierra, apenas 2.8 millones son cultivadas. Otros 2.4 millones
de hectáreas de tierras están improductivas
o subaprovechadas.
Estudios
muestran que cerca de 5.4 millones de hectáreas de
tierras -más de la mitad del territorio guatemalteco
y más tierras de las registradas en las fincas- precisarían
ser distribuidas para proveer a todos los trabajadores sin
tierra y pequeños propietarios con las siete hectáreas
necesarias para su subsistencia.
Reseña
histórica
El
sistema latifundista de Guatemala tiene raíces en la
conquista española, cuando la tierra fue expropiada
a los pueblos indígenas y dado como recompensa a los
nuevos colonizadores. Después de la independencia de
1821, la tenencia de la tierra permaneció altamente
desigual. El estatuto legal fue retirado de las extensas propiedades
de la Iglesia y de las tierras comunales indígenas.
En
1890, el café constituía el 96% de las exportaciones
de Guatemala. El sector campesino quedó estancado,
limitado a las tierras infértiles, y los alimentos
comenzaron a ser importados. Los campesinos migraron de las
montañas hacia la zona costera buscando trabajo asalariado.
La
Ley Agraria de 1894 mantuvo la venta de tierras estatales
a particulares, o sea, la tierra era una mercancía
y no un bien libre. En 1901, la United Fruit Company, hoy
conocida como Chiquita, inició sus actividades en Guatemala.
Entre 1924 y 1930, el gobierno arrendó a esta compañía
un total de 188,682 hectáreas en las fértiles
planicies del Pacífico. La empresa extranjera pagó
un pequeño impuesto por las exportaciones mientras
que sus importaciones y sus ganancias eran exentos de impuestos
y la compañía no era obligada a cumplir con
la Ley Laboral.
En
1945, Juan José Arévalo llegó a la presidencia
y promulgó la concesión del título de
propiedad a los poseedores que cultivaran la tierra por más
de diez años. Electo presidente en 1951, Jacobo Arbenz
prometió convertir a Guatemala en una nación
capitalista moderna, mediante la industrialización
y la reforma agraria.
El
17 de junio de 1952, el Congreso Guatemalteco aprobó
la Ley de Reforma Agraria. Sus principales objetivos eran
eliminar las condiciones feudales y todas las formas de servidumbre
del trabajo, proveer tierra a los trabajadores sin tierra
o con poca tierra y distribuir crédito y asistencia
técnica a los pequeños propietarios.
La
oposición a la reforma agraria fue rápida y
decisiva. Las élites agrarias, la iglesia católica,
los sectores de la clase media, los propietarios expropiados
y las compañías agrícolas extranjeras
se colocaron en contra de la reforma agraria. Ninguna expropiación
de tierra ocurrió en Guatemala desde 1954, fortaleciendo
el injusto sistema de distribución de la tierra.
El
mercado de tierras
En
1980, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional
(USAID), recomendó la reforma agraria de mercado, al
percibir la intensificación de las presiones por el
acceso a la tierra. Entre 1984 y 1990, la USAID implantó
el programa Fundación del Centavo, que adquirió
28 fincas y las dividió en 1,400 lotes bajo título
colectivo y con directrices sobre la producción y comercialización.
La tierra fue vendida (a traves de un proceso de compra y
venta) y se creó un banco de crédito para que
el agricultor pudiese tener acceso a ella. O sea, se trataba
de un sistema de "mercado de tierras" y no una reforma
agraria de mercado.
Una
agencia gubernamental administrada por el Instituto Nacional
para la Transformación Agraria (INTA) fue creada en
1994 para estimular el mercado, dando asistencia a arrendatarios,
pequeños propietarios y trabajadores sin tierra. El
FONTIERRAS, nombre dado al fondo, tiene dos programas: financiamiento
público para la adquisición de tierras y promoción
de un mercado de fincas ; destinación de subsidios
y asistencia técnica para iniciar empresas productivas.
La implementación de este programa, no obstante, ha
sido lenta. Hasta octubre del 2000, benefició a menos
de 4 mil familias. El Banco Mundial, financiador del proyecto,
por su cuenta, decidió no apoyar más ese sistema.
Los
obstáculos básicos identificados por las Naciones
Unidas para que el FONTIERRAS realice una distribución
de tierras incluyen la falta de recursos y personal. Además
de eso, varias cuestiones inherentes a la concepción
de "reforma agraria de mercado" deben ser destacadas.
El problema más citado es el principio del "vendedor/comprador
voluntario." Dada la concentración de tierras
en Guatemala, es prácticamente imposible para los campesinos
entrar en el mercado de tierras.
El
Banco Mundial también sugiere que los dueños
de las tierras tienen recelo de que las ventas puedan aumentar
la demanda de tierra y las ocupaciones. Aunado a eso, la mayoría
de los sin tierra o con poca tierra no tienen recursos para
negociar efectivamente en el mercado de tierras. De modo que
la implementación del Fondo de Tierras, previsto en
un Acuerdo de 1996, se concentro en la privatización
de la venta negociada de tierras públicas no utilizadas.
En
Guatemala, la tierra es frecuentemente utilizada con fines
especulativos. Se estima que entre 50% y 95% de las propiedades
no tienen títulos actualizados, en cuanto al mismo
tiempo, otros sugieren que la extensión de tierras
con títulos de propiedades en los registros son más
de dos veces el total de tierras del país. Esa ambigüedad
en los derechos de propiedad y un ineficiente registro de
tierras también causan problemas para la reforma agraria
de mercado.
Guatemala
es actualmente el único país de América
Central que no dispone de un catastro nacional y un registro
de propiedad. El problema más importante es la incapacidad
técnica local de realizar un registro catastral, además
de que los proyectos actuales son limitados por falta de participación
de las comunidades. Las agencias internacionales fallaron
en la coordinación de esfuerzos, hasta ahora han dispuesto
de recursos financieros del orden de los US$62.5 millones.
Propuestas
para el desarrollo rural
Un
grupo de movimientos sociales, institutos de investigación
organizaciones religiosas y de derechos humanos, incluyendo
la Coordinación Nacional de las Organizaciones Campesinas
e Indígenas (CONIC) y la Asociación para el
Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), el Centro para
los Derechos Humanos Legales y la Agencia Interdiocesana para
Cuestiones Agrarias (PTI), desarrollaron una propuesta llamada
"Abriendo Brecha, Propuesta de Plataforma para el Desarrollo
Rural."
Para
la Plataforma Agraria, el principio fundamental de desarrollo
rural es el acceso a la tierra, apoyado por inversiones en
infraestructura y servicios para facilitar medios de vida
sustentables, y no debe ser limitado por las leyes del mercado.
Esta propone el desmantelamiento del modelo agroexportador,
la democratización del acceso a la tierra y a los títulos
de posesión y la diversificación de la economía.
La
CONIC tiene cerca de 80 mil miembros en 14 de los 22 municipios
de Guatemala, siendo 95% de población indígena.
Sus principales objetivos son reivindicar el derecho a la
tierra y al desarrollo y mejorar los acceso a los servicios.
La organización cuenta con medio millón de campesinos
asociados en 20 de los 22 municipios, extendiendo su áreas
de acción por cinco regiones del país. Uno de
los principales enfoques de esta organización es el
desarrollo rural. Para los campesinos, el FONTIERRAS no funciona
por causa de las condiciones de concentración de la
tierra, la falta de recursos y el actual modelo de producción.
Además de eso, como no existen programas para facilitar
la comercialización de los productos de los nuevos
pequeños propietarios, estos no tendrán la capacidad
de pagar sus hipotecas y sus tierras les serán quitadas.
Una
investigación realizada por la CNOC y CONGCOOP propone
una mayor intervención del estado en la recuperación
de tierras tomadas ilegalmente durante la dictadura, la continuidad
de la distribución de tierras por el INTA y la expropiación
de tierras permitida por la Constitución, mediante
indemnizaciones.
Este
estudio identificó los principales factores que impiden
el acceso a la tierras:
-Se estima que 95% de las propiedades rurales no están
registradas
-El Registro de Tierras: establecido durante la era colonial
nunca fue modernizado; la recreación de este registro
es muy incipiente y no muestra avances
-El acceso al crédito para pequeños productores:
95% de crédito está concentrado en las áreas
urbanas, en cuanto al presupuesto de fondo de tierra que da
crédito a los campesinos es muy pequeño
-La asistencia técnica: el Ministerio de Agricultura
desmanteló el Sector de Agricultura Pública
y ahora ninguna institución pública ofrece asistencia
técnica; el FONTIERRAS ofrece asistencia técnica
apenas a sus beneficiarios.
8.
India
9.
México
10.
Tailandia
11.
Zimbabwe
12.
Las políticas de la Vía
Campesina
13.
Bibliografia
14.
Expediente
|