7. Guatemala

Foto: Claudio Ronchini

Población: 11.4 millones de personas (2000)
Extensión territorial: 108,889 Km2
Forma de gobierno: república presidencial

La población rural de Guatemala sufre uno de los más injustos sistemas de concentración de tierras del mundo. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, en el año1998, el 0.15% de los productores tenían el 70% de las tierras arables produciendo para exportación, en cuanto que el 96% de los productores ocupaban apenas el 20% de las tierras. El noventa por ciento de los habitantes del campo viven en la pobreza y más de 500 mil familias están por debajo del nivel de subsistencia. Al mismo tiempo, el país tiene una de las poblaciones rurales históricamente más estables de América Latina, abarcando 69% del total. Más del 50% de los trabajadores se encuentran relacionados con la agricultura.

Las tierras de cultivo en Guatemala se han concentrado cada vez más. Entre 1964 y 1979, el número de unidades agrícolas con menos de 3.5 hectáreas se duplicó. El tamaño promedio de aquellas menores a siete hectáreas cayó de 2.4 a 1.8 hectáreas en el período de 1950-1979. De acuerdo con el Censo Agrícola de 1979, 88% de las propiedades tenían una área menor a las siete hectáreas necesarias para la subsistencia de las familias, poseyendo 6% de las tierras arables. En cuanto esto, poco más del 2% de las fincas mantenían el 65% de las tierras arables.

La Coordinación Nacional de Indígenas y Campesinos (CONIC) calcula que de los 10.8 millones de hectáreas de tierra, apenas 2.8 millones son cultivadas. Otros 2.4 millones de hectáreas de tierras están improductivas o subaprovechadas.

Estudios muestran que cerca de 5.4 millones de hectáreas de tierras -más de la mitad del territorio guatemalteco y más tierras de las registradas en las fincas- precisarían ser distribuidas para proveer a todos los trabajadores sin tierra y pequeños propietarios con las siete hectáreas necesarias para su subsistencia.

Reseña histórica

El sistema latifundista de Guatemala tiene raíces en la conquista española, cuando la tierra fue expropiada a los pueblos indígenas y dado como recompensa a los nuevos colonizadores. Después de la independencia de 1821, la tenencia de la tierra permaneció altamente desigual. El estatuto legal fue retirado de las extensas propiedades de la Iglesia y de las tierras comunales indígenas.

En 1890, el café constituía el 96% de las exportaciones de Guatemala. El sector campesino quedó estancado, limitado a las tierras infértiles, y los alimentos comenzaron a ser importados. Los campesinos migraron de las montañas hacia la zona costera buscando trabajo asalariado.

La Ley Agraria de 1894 mantuvo la venta de tierras estatales a particulares, o sea, la tierra era una mercancía y no un bien libre. En 1901, la United Fruit Company, hoy conocida como Chiquita, inició sus actividades en Guatemala. Entre 1924 y 1930, el gobierno arrendó a esta compañía un total de 188,682 hectáreas en las fértiles planicies del Pacífico. La empresa extranjera pagó un pequeño impuesto por las exportaciones mientras que sus importaciones y sus ganancias eran exentos de impuestos y la compañía no era obligada a cumplir con la Ley Laboral.

En 1945, Juan José Arévalo llegó a la presidencia y promulgó la concesión del título de propiedad a los poseedores que cultivaran la tierra por más de diez años. Electo presidente en 1951, Jacobo Arbenz prometió convertir a Guatemala en una nación capitalista moderna, mediante la industrialización y la reforma agraria.

El 17 de junio de 1952, el Congreso Guatemalteco aprobó la Ley de Reforma Agraria. Sus principales objetivos eran eliminar las condiciones feudales y todas las formas de servidumbre del trabajo, proveer tierra a los trabajadores sin tierra o con poca tierra y distribuir crédito y asistencia técnica a los pequeños propietarios.

La oposición a la reforma agraria fue rápida y decisiva. Las élites agrarias, la iglesia católica, los sectores de la clase media, los propietarios expropiados y las compañías agrícolas extranjeras se colocaron en contra de la reforma agraria. Ninguna expropiación de tierra ocurrió en Guatemala desde 1954, fortaleciendo el injusto sistema de distribución de la tierra.

El mercado de tierras

En 1980, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), recomendó la reforma agraria de mercado, al percibir la intensificación de las presiones por el acceso a la tierra. Entre 1984 y 1990, la USAID implantó el programa Fundación del Centavo, que adquirió 28 fincas y las dividió en 1,400 lotes bajo título colectivo y con directrices sobre la producción y comercialización. La tierra fue vendida (a traves de un proceso de compra y venta) y se creó un banco de crédito para que el agricultor pudiese tener acceso a ella. O sea, se trataba de un sistema de "mercado de tierras" y no una reforma agraria de mercado.

Una agencia gubernamental administrada por el Instituto Nacional para la Transformación Agraria (INTA) fue creada en 1994 para estimular el mercado, dando asistencia a arrendatarios, pequeños propietarios y trabajadores sin tierra. El FONTIERRAS, nombre dado al fondo, tiene dos programas: financiamiento público para la adquisición de tierras y promoción de un mercado de fincas ; destinación de subsidios y asistencia técnica para iniciar empresas productivas. La implementación de este programa, no obstante, ha sido lenta. Hasta octubre del 2000, benefició a menos de 4 mil familias. El Banco Mundial, financiador del proyecto, por su cuenta, decidió no apoyar más ese sistema.

Los obstáculos básicos identificados por las Naciones Unidas para que el FONTIERRAS realice una distribución de tierras incluyen la falta de recursos y personal. Además de eso, varias cuestiones inherentes a la concepción de "reforma agraria de mercado" deben ser destacadas. El problema más citado es el principio del "vendedor/comprador voluntario." Dada la concentración de tierras en Guatemala, es prácticamente imposible para los campesinos entrar en el mercado de tierras.

El Banco Mundial también sugiere que los dueños de las tierras tienen recelo de que las ventas puedan aumentar la demanda de tierra y las ocupaciones. Aunado a eso, la mayoría de los sin tierra o con poca tierra no tienen recursos para negociar efectivamente en el mercado de tierras. De modo que la implementación del Fondo de Tierras, previsto en un Acuerdo de 1996, se concentro en la privatización de la venta negociada de tierras públicas no utilizadas.

En Guatemala, la tierra es frecuentemente utilizada con fines especulativos. Se estima que entre 50% y 95% de las propiedades no tienen títulos actualizados, en cuanto al mismo tiempo, otros sugieren que la extensión de tierras con títulos de propiedades en los registros son más de dos veces el total de tierras del país. Esa ambigüedad en los derechos de propiedad y un ineficiente registro de tierras también causan problemas para la reforma agraria de mercado.

Guatemala es actualmente el único país de América Central que no dispone de un catastro nacional y un registro de propiedad. El problema más importante es la incapacidad técnica local de realizar un registro catastral, además de que los proyectos actuales son limitados por falta de participación de las comunidades. Las agencias internacionales fallaron en la coordinación de esfuerzos, hasta ahora han dispuesto de recursos financieros del orden de los US$62.5 millones.

Propuestas para el desarrollo rural

Un grupo de movimientos sociales, institutos de investigación organizaciones religiosas y de derechos humanos, incluyendo la Coordinación Nacional de las Organizaciones Campesinas e Indígenas (CONIC) y la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO), el Centro para los Derechos Humanos Legales y la Agencia Interdiocesana para Cuestiones Agrarias (PTI), desarrollaron una propuesta llamada "Abriendo Brecha, Propuesta de Plataforma para el Desarrollo Rural."

Para la Plataforma Agraria, el principio fundamental de desarrollo rural es el acceso a la tierra, apoyado por inversiones en infraestructura y servicios para facilitar medios de vida sustentables, y no debe ser limitado por las leyes del mercado. Esta propone el desmantelamiento del modelo agroexportador, la democratización del acceso a la tierra y a los títulos de posesión y la diversificación de la economía.

La CONIC tiene cerca de 80 mil miembros en 14 de los 22 municipios de Guatemala, siendo 95% de población indígena. Sus principales objetivos son reivindicar el derecho a la tierra y al desarrollo y mejorar los acceso a los servicios. La organización cuenta con medio millón de campesinos asociados en 20 de los 22 municipios, extendiendo su áreas de acción por cinco regiones del país. Uno de los principales enfoques de esta organización es el desarrollo rural. Para los campesinos, el FONTIERRAS no funciona por causa de las condiciones de concentración de la tierra, la falta de recursos y el actual modelo de producción. Además de eso, como no existen programas para facilitar la comercialización de los productos de los nuevos pequeños propietarios, estos no tendrán la capacidad de pagar sus hipotecas y sus tierras les serán quitadas.

Una investigación realizada por la CNOC y CONGCOOP propone una mayor intervención del estado en la recuperación de tierras tomadas ilegalmente durante la dictadura, la continuidad de la distribución de tierras por el INTA y la expropiación de tierras permitida por la Constitución, mediante indemnizaciones.

Este estudio identificó los principales factores que impiden el acceso a la tierras:
-Se estima que 95% de las propiedades rurales no están registradas
-El Registro de Tierras: establecido durante la era colonial nunca fue modernizado; la recreación de este registro es muy incipiente y no muestra avances
-El acceso al crédito para pequeños productores: 95% de crédito está concentrado en las áreas urbanas, en cuanto al presupuesto de fondo de tierra que da crédito a los campesinos es muy pequeño
-La asistencia técnica: el Ministerio de Agricultura desmanteló el Sector de Agricultura Pública y ahora ninguna institución pública ofrece asistencia técnica; el FONTIERRAS ofrece asistencia técnica apenas a sus beneficiarios.

8. India

9. México

10. Tailandia

11. Zimbabwe

12. Las políticas de la Vía Campesina

13. Bibliografia

14. Expediente